Paremos la guerra

A la Sociedad Civil Internacional
A los pueblos y gobiernos del mundo
A los medios de comunicación

El gobierno mexicano ha desatado una guerra abierta en contra de las comunidades indígenas rebeldes de Chiapas. El asesinato a mano de policías y soldados en el desalojo del Municipio Autónomo de San Juan de la Libertad, el pasado día 10 de junio, de cam-pesinos desarmados, configura una situación grave en la que el gobierno apuesta por la solución militar del conflicto. Las expulsiones de observadores internacionales (más de 150 en lo que llevamos del año) junto con las nuevas normativas impuestas por el I.N.M. pretende impedir la presencia de testigos en la zona de conflicto para denunciar las constantes violaciones a los derechos humanos de la población, como han señalado también públicamente Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Así como la negativa del gobierno mexicano a aceptar la presencia de la Cruz Roja Internacional. La dimisión de Samuel Ruiz como presidente de la CONAI y la consiguiente disolución de este organismo de intermediación, denuncian la imposibilidad de la mediación, mientras el gobierno no demuestre una voluntad real de diálogo. En Chiapas hay más de 17.000 desplazados por la violencia de la guerra, más de 20 grupos paramilitares que actúan en la más completa impunidad y un centenar de presos políticos. A pesar de esta ofensiva y de que el gobierno incumple los A-cuerdos de San Andrés, la resistencia civil de las comunidades se mantiene. Con la fuerza de la pa-labra responden a la violencia del gobierno. 38 Municipios Autónomos son la respuesta de las comunidades al incumplimiento de los acuerdos. Es una situación de emergencia. El gobierno encontró el momento oportuno para la muerte. La presión de la sociedad civil del mundo obligó al gobierno mexicano a parar la guerra por dos veces. Una vez más las comunidades nos interpelan ¡NO LES DEJEMOS SOLOS! Defender Chiapas es defender un espacio de libertad para todos.

• Llamamos a la presencia de observadores internacionales en Chiapas. La defensa de la vida no entiende de formas migratorias ni de fronteras.
• Llamamos a la solidaridad con los refugiados de guerra que no aceptan las ayudas del gobierno.
• Llamamos a los grupos e instituciones de la sociedad civil a hermanarse con los 38 Municipios Autónomos como reconocimiento, defensa y legitimidad de su existencia y como garantía de su supervivencia.
• Llamamos a la Unión Europea y a los gobiernos e instituciones que han firmado acuerdos con el gobierno mexicano a someter la ratificación de estos acuerdos al cumplimiento de los derechos humanos, estableciendo mecanismos que no los conviertan en letra muerta. Sólo el cumplimiento de las siguientes condiciones permitirá abrir una puerta para la paz.
• El cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
• La defensa del proyecto de ley de la COCOPA sobre Derechos y Cultura Indígena.
• La libertad de los presos.
• El castigo a los responsables de la matanza de Acteal .
• El regreso del ejército a los cuarteles y el cese del hostiga-miento militar a las comunidades como ha pedido la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
• La vuelta a sus comunidades de los desplazados.
• La presencia para la observación y vigilancia de los derechos humanos de un Observatorio Permanente en San Cristóbal de Las Casas abierto a la participación de la sociedad civil mexicana e in-ternacional.
• Garantías para la presencia de observadores y la retirada de la normativa que las regula.
• Anulación de todas las órdenes de expulsión de observadores internacionales.
• Atención a Chiapas.