INFORME 1995

INFORME 1996

INFORME 1997

INFORME 1998


INFORME
del CGPJ

POLICIAS NACIONALES
DENUNCIADOS

GUARDIAS CIVILES
DENUNCIADOS



POLICIAS MUNICIPALES
DENUNCIADOS

POLICIAS AUTONOMICOS
DENUNCIADOS

FUNCIONARIOS DE PRISIONES
DENUNCIADOS


RESPONSABLES POLITICOS
DENUNCIADOS

GRAFICOS DE LOS
FUNCIONARIOS DENUNCIADOS

FORMATOS
COMPRIMIDOS

INFORME:
LA TORTURA
EN LAS CARCELES




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Pese a haber transcurrido más de diez años desde que entraron en vigor en el Estado español las convenciones europeas y de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas degradantes, continua siendo necesario dar a conocer los casos de malos tratos y torturas en un país que, como el nuestro, ha firmado las convenciones. Los informes publicados, recogen aquellos casos de malos tratos o torturas de los cuales la ACT ha tenido conocimiento (todos ellos avalados por criterios objetivos, acusaciones formales ante los tribunales, informes médicos, testimonios de testigos, reproducción gráfica y otros análogos). Sin embargo, y pese a su elevado número, no son la totalidad de los casos de malos tratos y torturas ocurridos en el Estado español: muchos casos denunciados no llegan a nuestro conocimiento; otros, o bien no llegaron a ser denunciados ante los Tribunales (requisito imprescindible para ser recogido en este informe) o se ha solicitado su no inclusión en estos u otros informes, por expreso deseo de la víctima de la agresión de dar publicidad al caso.

 Actitudes estas detrás de las que encontramos, casi siempre, desconfianza y un claro sentimiento de impotencia, frente a los Tribunales de justicia, cuando no miedo frente a la posibilidad de que su denuncia se vuelva en un procedimiento judicial contra el denunciante, que muchas veces acaba en condena, tras una contradenuncia de los agentes policiales o funcionarios de prisiones agresores; denuncia esta que será estimada con mucha mayor diligencia por los Tribunales, remisos, sin embargo, a admitir cualquier denuncia contra los agentes policiales o funcionarios de prisiones responsables de atentados contra la dignidad e integridad de las personas bajo su custodia.

Paralelamente a esta situación, comprobamos como la sociedad española asume la existencia de la tortura como algo habitual, no perturbador de la convivencia, cuando no como algo necesario en ocasiones:

Actitud motivada, entre otros factores, por el uso interesado de la "inseguridad ciudadana" que pide cada vez más "contundencia" en las actuaciones policiales, por un aumento de la descalificación y estigmatización de cada vez un mayor número de personas y colectivos sociales (delincuentes, FIES*, presos en general, terroristas, narcotraficantes, gitanos, negros, etc...), a cuyos miembros, puede que inconscientemente pero de forma muy eficaz, les es negada la cualidad de ciudadano, de ser humano y que son calificados públicamente por determinados responsables políticos y medios de comunicación como alimañas, etc. 

Una vez incluido en alguno de estos grupos, una vez negada la cualidad de ciudadano, de persona, deja de ser un problema ético y jurídico, deja de ser noticia, la aplicación de la tortura, pura y dura, a un detenido o un preso, la aplicación de un régimen de vida como el impuesto a los presos FIES, los golpes a los detenidos por parte de los agentes policiales, la mera represión policial de los conflictos sociales, etc. Sólo los casos extraordinarios son motivo de preocupación social.

Por ello, ocurre que personas, que nunca habían soñado que podrían tener un problema con la Policía, acudan a la A.C.T. solicitando ayuda tras haber sufrido una agresión policial después de un incidente de tráfico, etc., con una justificada y sana indignación pues habían sido tratados "como delincuentes". Aunque no se explicite, se ve como lógico y normal que se golpeé a un detenido... pero no que se golpeé a un ciudadano que cumple con sus obligaciones, que paga sus impuestos etc.

Estas actitudes, pero sobre todo la ausencia de una respuesta auténticamente efectiva por parte de la Administración frente a la tortura, la falta de voluntad política en poner coto a las agresiones a personas detenidas o no por parte de miembros de las F.S.E., el incumplimiento del Estado en hacer efectivos los compromisos y normas internacionales en defensa de los derechos humanos..., justifica la existencia de la A.C.T., después de más de once años de su fundación, y otras asociaciones en defensa de los Derechos Humanos, así como la publicación de informes como el presente, en el ejercicio de ese derecho y obligación ciudadana de controlar a los funcionarios y gobernantes que no ajustan sus actuaciones a la legalidad, a pedir cuentas a todo agente público sobre su administración como ya se recogía, hace dos siglos, en la declaración de los Derechos del Hombre de 1789.

En estos informes se incluyen junto a los nuevos casos de malos tratos y torturas ocurridos en el año correspondiente, recogen otros casos de torturas producidos en años anteriores y su seguimiento a través de los órganos judiciales, encargados de velar por el imperio de la Ley que, con honrosas excepciones, frecuentemente hacen dejación de esta obligación a través de la inactividad del Ministerio Fiscal; el papel de los médicos forenses; la lentitud de la Justicia, la ausencia de una verdadera y exhaustiva investigación judicial de los casos de tortura denunciados, etc.

Por todo lo anterior, nuestro agradecimiento, una vez más, a aquellas personas que, después deb haber sido objeto de torturas o malos tratos y pese a todas las dificultades y obstáculos, se han mantenido en defensa de la dignidad y en el ejercicio de este derecho de control de los funcionarios públicos. Ellas son las hacen posible nuestro trabajo y las que, algún día, permitirán que la tortura, sino desaparecida, sea una lacra en claro retroceso en nuestra sociedad.


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actortura@nodo50.org