• Un retroceso en el grado de clasificación con la correspondiente pérdida de posibles beneficios obtenidos anteriormente, así como denegación de visitas, permisos, etc.

• Tampoco la persona presa era reconocida por el médico forense, si había reconocimiento éste se producía muchos días después de la agresión, cuando ya no quedaban marcas.

• No se escuchaba a otros presos, testigos de la agresión. El sólo hecho de estar preso restaba credibilidad, a ojos del Juzgado, a su testimonio. Pero, además, las personas presas que hubieren sido testigos de la agresión eran dispersados por diferentes cárceles, con lo cual, si finalmente se conseguía oírles en declaración, por el empeño puesto por la acusación particular o popular, esta declaración se producía mucho después y a ella no podía, normalmente, acudir la representación del agredido por haberse producido lejos del Juzgado que tramitaba la causa.

Días después de presentado el dossier, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Pode Judicial acordaba la apertura de expedientes para investigar las actuaciones de los Tribunales y juzgados en los casos denunciados. Los expedientes abiertos fueron 31, habiéndose agrupado en cada expedientes los casos relativos a cada una de las prisiones en las que se habían denunciado vulneración de derechos.

Ocho meses después, el Consejo General de Poder Judicial ha acordado el archivo de la mitad de las quejas presentadas. Ha entendido que éstas se referían a "cuestiones jurisdiccionales" que quedaban fuera de la vía disciplinaria.

Sin embargo, independientemente de esta iniciativa, en noviembre de 1997 y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, miembro de la CSPP, se presentó una queja contra el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Granada, con competencia sobre la cárcel de Jaén II. A esta queja se acompañó un amplió dossier sobre las denuncias e irregularidades acaecidas en la cárcel de Jaén II, no solamente relativas a malos tratos y torturas. En mayo del presente año, el CGPJ, resolviendo esta queja, afirma que "existen denuncias ante el juzgado de Vigilancia Penitenciaria que ponen de relieve diversas cuestiones controvertidas como la situación de desigualdad de los internos para acreditar sus versiones de los hechos frente a los múltiples recursos del centro Penitenciario, la conveniencia de que el Ministerio Fiscal motive sus informes, la limitación de la actividad limitadora del Juzgado, que no suele exceder de la petición de informe al Centro Penitenciario o las escasas visitas a dichos Centros por los Jueces de Vigilancia Penitenciaria a que vienen obligados por la Ley general penitenciaria".


Hoy un año después del encierro de la Almudena, las torturas, malos tratos y vejaciones siguen produciéndose en las cárceles españolas. Durante los nueve primeros meses de 1998, la coordinadora de Solidaridad con las Personas Presas hemos tenido conocimiento de 75 nuevas agresiones de funcionarios a los presos y este número es tan sólo una pequeña parte de la realidad carcelaria.

Según los datos de una encuesta efectuada entre algo más de mil presos en el Estado español, 357 personas de los encuestados manifestaba haber sido maltratados físicamente, lo que representa un 35% del total de las personas que respondieron la encuesta. Este porcentaje sube hasta el 68% cuando nos referimos a los presos en primer grado.
Al mismo tiempo, los propios presos, sus abogados y los colectivos que forman la Coordinadora han recopilado numerosos casos de torturas que tuvieron lugar en 1996 y 1997, años a los que se refería el dossier presentado ante el CGPJ, y que habían escapado a nuestro conocimiento. En todos los casos que ha sido posible las asociaciones que forman la CSPP han denunciado judicialmente los hechos y se han personado en las causas abiertas, en las que se encontraban archivadas se a intentado reactivar la investigación judicial.
Fruto de ese trabajo es la existencia de numerosas las causas que se encuentran abiertas en distintos Juzgados, en las que han declarado como inculpados varios funcionarios de prisiones. En algunos casos estos han sido acusados y se han celebrado, ya, algunos juicios y otros están próximos a celebrarse:

• Algunos Juzgado han reducido las trabas al ejercicio de la acción popular de los colectivos de la PSSP (Las querellas presentadas por la ACT contra funcionarios de la prisión de Soto del Real en abril de 1998 han sido, todas, admitidas a trámite. Inicialmente solamente una de ellas fue rechazada y, posteriormente, el propio Juzgado rectificó y admitió a trámite la querella presentada)

• las numerosas denuncias y la nueva situación ante los Juzgados, con las declaraciones como inculpados de los funcionarios y la celebración de juicios en los que aparecen como acusados, han dado lugar a graves represalias contra algunos de los presos denunciantes, quienes han recibido nuevas agresiones para que retirasen las denuncias formuladas.

• Siguen formulándose denuncias por atentado cada vez que un preso es agredido por los funcionarios con la correspondiente apertura de una nueva causa penal contra este, así como el correspondiente parte sancionador.